Retroceso lamentable y peligroso

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Por Lucas Gómez Portillo*.

Nos manifestamos completamente en contra del fallo dictado por nuestra Corte Nacional que decide desconocer los fallos de la Corte Interamericana de Justicia que contraríen lo resuelto por el Máximo Tribunal de la Nación, lo que advertimos como un retroceso gravísimo de nuestra cultura democrática y nuestro estado de derecho.

Es peligroso lo que pasa.
Lo que anticipáramos hace más de un año (Autoritarismo, institucionalidad y salarios) ha avanzado sin prisa y sin pausa hacia el lugar que la Ceocracia gobernante ha definido como programa de acción, atado a los intereses económicos locales más concentrados y definido desde la hegemonía financiera internacional que ha asignado un rol colonial a nuestra patria y nuestra región.

El Gobierno nacional cumple ese rol colonial sin mayores problemas mediante un sistemático  ataque de importantes conquistas laborales, reduciendo el poder adquisitivo de las grandes mayorías, efectuando un espionaje y persecución política obscenamente explícito, cometiendo groseros actos de corrupción y nepotismo, habilitando una triste fuga de capitales y propiciando un endeudamiento externo desproporcionado que nos remonta al trágico y cercano 2001.

Lo que silenciosamente (o a veces estruendosamente) presenciamos es la ejecución de un plan muy aceitado de retirada del Estado de los lugares más sensibles de nuestra economía y de las principales políticas que hacen al bienestar y prosperidad de nuestra Nación, sin que esa retirada haya significado mejoramiento alguno en la calidad de vida de nuestros compatriotas, todo lo contrario.

Como lo indicamos en diciembre de 2015, este plan está dirigido a bajar salarios, perseguir trabajadores, favorecer a los grupos económicos privilegiados mediante la violación sistemática de nuestro sistema republicano, dictado de simples decretos que modifican leyes fundamentales de nuestro sistema, aprovechando una sociedad desmovilizada y confundida.

Pero el peligro que advertimos hoy es que ese avance se está volviendo cada vez más palpable en materia de Derechos Humanos, con una preocupante sintonía provincial, nacional e incluso internacional.

En este marco destacamos que aquel intento de nombramiento de dos jueces de nuestra Corte Suprema Nacional vía decreto del Presidente, luego convalidado por el Senado a la par de una serie de claudicaciones de muchos opositores que habían sido votados para otra cosa, para sostener la defensa de valores y políticas que, como los Derechos Humanos, habían sido bandera de la fuerza política que los sentó en sus bancas. Luego nos ha tocado presenciar bochornosas acciones como la habilitación de pena de muerte por decreto simple habilitando el derribo de naves sospechadas de “hostiles”. Asimismo en forma permanente se han visto diversas provocaciones efectuadas por funcionarios de alto rango que cuestionan la política de memoria, verdad y justicia que forma parte de nuestra historia reciente y que ha sido una construcción colectiva inclaudicable del pueblo argentino. También cabe destacar que los recortes en programas de salud y educación propiciados por el Gobierno nacional se dan de patadas con la protección de Derechos Humanos esenciales. Otro síntoma de esta involución se verifica con la postulación como candidato para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de un abogado de empresa, sin antecedentes en materia de Derechos Humanos, salvo por haber defendido a una persona acusada de crímenes de lesa humanidad y por haber redactado escritos contrarios a la libertad de expresión y de la diversidad sexual. Tampoco debe dejarse de mencionar la total indiferencia del Gobierno Nacional y de la provincia de Jujuy de los reiterados y fundados cuestionamientos que han recibido desde diferentes organismos y organizaciones nacionales e internacionales ante la ilegítima e ilegal detención de la dirigente social y miembro del Parlasur Milagro Sala desde hace un año. Por último vale la pena tener presente el intento fallido del Presidente de cambiar de fecha el día de la memoria, la verdad y la justicia.

En definitiva, estas acciones deben analizarse en forma vinculada como parte de un plan que tiene una mirada sobre los Derechos Humanos como si estos fueran un “curro”, tal como manifestara con sinceridad brutal el actual Presidente antes de su candidatura.

En lo que hace a la provincia de Mendoza ha sido nuestro propio gobernador el que se ha puesto a la cabeza de esta avanzada sobre nuestros derechos, promoviendo todo tipo de políticas y normas dirigidas a afectar garantías elementales, bajo pretexto de ser la única salida a la inseguridad reinante, lo cual sólo ha generado más violencia e inseguridad, que la demagogia discursiva del gobierno a duras penas puede tapar. También es el gobernador el que trató a cientos de niños, niñas y adolescentes como delincuentes por el sólo hecho de ser víctimas de violencia en sus familias y estar viviendo dentro de los hogares de la Dirección de Niñez Provincial (Cornejo opinó sobre los cambios en la DINAF).

En otra brutal intervención, nuestro Gobernador cuestionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que viene haciendo cuestionamientos a nuestro sistema penitenciario desde hace años, inventando inverosímiles intencionalidades políticas, tratando de mentiroso al prestigioso organismo y acusando injustificadamente a abogados locales (Cornejo criticó a la comisión interamericana de DDHH). En esa oportunidad sostuvo que quienes cometan delitos graves debían esperar su juzgamiento en prisión y no en libertad, frase que quedó en el olvido este verano cuando su Ministro de Salud fue denunciado por violencia de género y jóvenes allegados a encumbrados políticos de su partido resultaron denunciados por abuso sexual. Esa particular visión sobre las garantías y los derechos elementales se reflejaron también en la postulación para cubrir una vacancia en la Corte provincial por una persona, quien además de tener una identidad política indiscutiblemente oficialista, presentaba serios cuestionamiento por sus antecedentes como juez penal al emitir sentencias contrarias a una mirada de género y respetuosa del derecho a la identidad sexual, sin considerar el contexto de violencia machista inédito en el que se encuentra sumergida nuestra provincia.

No sería tampoco inadecuado señalar que estamos en presencia de un avasallamiento a la independencia judicial con la colocación en la Corte y la Procuración de militantes cercanos al Gobernador. Esta sucesión de hechos lamentables se ha coronado con la reciente derogación por parte del Gobernador de Mendoza del Decreto provincial que instituía como Espacio de la Memoria al ex centro de torturas durante la última Dictadura cívico militar conocido como “D2”.

En lo internacional, la asunción de un presidente xenófobo que avala expresamente la tortura en el país más poderoso del mundo y la avanzada de candidatos fascistas en Europa no permiten avizorar un futuro muy promisorio. En igual sentido se advierte con alarma el problema de financiamiento que está atravesando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pone en riesgo su normal funcionamiento e incluso su propia existencia (La Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría desaparecer por falta de financiamiento).

En este marco se da esta sentencia vergonzosa de la Corte Nacional, que desanda más de veinte años de evolución jurisprudencial en materia de Derechos Humanos que, como política de Estado, había logrado que nuestro país sea referente en la región y a nivel mundial, con un grado de apertura al mundo y universalización de avanzada. Uno de los pilares de esta arquitectura jurisprudencial se basaba en la posibilidad de recurrir las decisiones de nuestra Corte Nacional ante la Corte Interamericana de Justicia, en virtud de lo que la propia Corte Nacional había entendido con una correcta y muy fundada interpretación de nuestra Constitución Nacional luego de su reforma en 1994 que incorporó varios Tratados sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, reconociendo la innegable competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la interpretación y aplicación de esas normas internacionales.

Pues bien, la Corte Nacional, con escasos y débiles argumentos, vuelve sobre sus pasos y decide que desde este momento los fallos de la Corte Interamericana ya no pueden contradecir lo resuelto por la Justicia Nacional. Esto no es gratuito, fue justamente por esa mirada retrógrada que el Presidente postuló (o más bien intentó meter a la fuerza por decreto) a dos nuevos miembros de la Corte en 2016, quienes justamente tenían esa posición: dejar de aplicar esos Tratados, y reducir su impacto. Vale la pena señalar que ese camino de protección internacional de Derechos recién comenzaba; en justicias como la mendocina es mucha la resistencia a aplicar efectivamente esos tratados, son pocos los fallos que los tienen en cuenta. Lo resuelto ahora por la Corte de la Nación asesina cualquier esperanza de avanzar en una Justicia más protectoria.

Se deja aclarado para el lector desprevenido que no se trata solamente de normas que generan más protección en materia penal, falsamente usados como slogan para hablar de personas privadas de la libertad o supuestos delincuentes que se verían favorecidos por esos Derechos Humanos. Se trata de normas que tienen impacto en toda nuestra vida, abarcando temas tan diversos como técnicas de fertilización y reproducción humana, derechos de la niñez, derecho a la vivienda digna, discapacidad, vejez, derechos laborales o libertad de expresión. Nótese que el caso resuelto de modo tan retrógrado por la Corte está justamente referido a la libertad de expresión.

Resulta curioso que esta política nacional y provincial que viene a debilitar la soberanía en todos sus aspectos, especialmente el económico, permitiendo rifar nuestra jurisdicción, liberar las importaciones y someternos como colonia, se torne tan nacionalista en materia de Derechos Humanos. El objetivo es debilitar los sistemas de control, preparar el terreno para avanzar con conquistas que consideramos esenciales, y que ya forman parte de nuestro patrimonio jurídico y cultural. Más curioso aún es el hecho de que quienes durante años cuestionaron a Venezuela por haber desconocido a la Corte Interamericana tratando a dicho país de dictadura ahora sean quienes propicien y ejecuten esa misma decisión.

Llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil y a toda la ciudadanía a prestar atención a este fallo, y a considerarlo en su contexto.

Vienen por nuestros derechos, es hora de defender nuestra democracia y república.

*Abogado. Presidente de la Asociación Civil AAMJUS

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