Disciplinar es la tarea

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La Organización Civil Abogados y Abogadas Mendocinos por la Justicia Social (AAMJUS) salió a “repudiar la persecución que el Gobierno Nacional” efectuó contra “los Jueces laborales Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, cuyo único pecado fue haber fallado a favor de los trabajadores”.

La Dra. Marisa Uceda, de la Comisión de Derecho Laboral de AAMJUS, detalló que “en medio del escándalo del Correo Argentino, el (por suerte) fallido recorte a las jubilaciones por decreto y la estafa de Avianca, los trabajadores presenciamos de las mayores embestidas a nuestros derechos desde la famosa Ley Banelco”.

Uceda plante que “frente a la  ola de despidos y cierres sistemáticos de fábricas e industrias, el aumento desmedido de tarifas y de la canasta básica, sin olvidar el golpe al bolsillo que significó el precio del boleto, el Gobierno Nacional y sus aliados provinciales pretenden  paritarias condicionadas y con techo del 17%”.

“Algunos gremios ante esta decisión han planteado batalla y fueron los trabajadores de La Bancaria los que lograron que la justicia reconociera el acuerdo salarial  del 24 por ciento, firmado por su sindicato y la patronal, y obligara a cumplir con lo pactado, poniendo freno a la intervención del gobierno que se niega a homologar y hacer respetar el acuerdo paritario”.

“Conocido el triunfo de los trabajadores y de su legítimo derecho a paritarias libres”, continua la abogada de Mendoza por la Justicia Social, el gobierno, “en su afán de imponer el mentado techo, avanza sobre garantías básicas y, desconociendo la división de poderes, decide caprichosamente presentar ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino por el fallo en favor de la paritaria bancaria acusándolos de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional”

Uceda denuncia que, probablemente, “sin tener conciencia que su conducta refleja el fin del republicanismo, el gobierno de Cambiemos y el Ministro de Trabajo parecen olvidar que los  jueces no pueden ser juzgados por su sentencias, en virtud que ello atenta directamente contra la división de poderes”.

Para apoyar sus fundamentos, la abogada transcribe las palabras del Dr. Enrique Arias Gibert cuando, consultado por esta aberración que lo encuentra como víctima en diálogo con Radio 10, dice que “una opinión de un juez, expresada en un fallo, no puede ser motivo de denuncia. Si se sanciona a las personas por opinar algo que al otro no le gusta existe una policía de pensamiento. Soy juez desde 1989, tengo bastante años en esto, y nunca recibí este tipo de respuesta. Fallé con decisiones que no le gustaron a Menem, que no le gustaron a De la Rúa, a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, pero nunca recibí esta respuesta. Nunca ocurrió algo así en democracia”.

Por otro lado, la integrante de AAMJUS destaca que a la inusitada gravedad institucional de aquellos que hacen llamarse defensores de la Republica, se le suma la verdadera intencionalidad política que esta maniobra conlleva: disciplinar a los trabajadores con despidos, a los gremios con paritarias condicionadas, y a los jueces laboralistas que resuelvan defender a los trabajadores con juicios políticos.

“Así parece que desde el equipo del ejecutivo planean someter a la clase obrera a una nueva y renovada flexibilización laboral, camino que han iniciado con la promulgación de la nefasta Ley de Riesgo dentro de un contexto de desocupación, y recesión, que claramente se agravará con la desmedida apertura de las importaciones”, completó.

En un escenario perfecto para la imposición de las medidas neoliberales y recetas refritas del FMI, el gobierno Nacional en la cabeza de Triaca se encamina en un claro intento de sometimiento de los jueces del trabajo a estas  las políticas flexiblizadoras.

Y agregó: “las marchas y contramarchas del Gobierno de Cambiemos deben despertar nuestras alertas. Desde el minuto cero han dado cuenta que vienen por la Republica, y en el camino, se llevarán todo aquello que entorpezca su objetivo. No debemos creer que es torpeza pretender designar jueces de la CSJN por decreto, no olvidemos las embestidas contra la procuradora de la Nación quien ocupa legítimamente su cargo o intentar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) modificar una Ley Nacional como la Ley de Riesgos del Trabajo, ni que hablar de la modificación en las jubilaciones por resolución y decreto presidencial”.

Para finalizar, Uceda plantea que “nada de esto son errores, todo está perfectamente dirigido a lograr su cometido: DISCIPLINAR ES LA TAREA”.

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