Campo Los Andes sumó un capítulo más

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La Fundación Pedemonte brindó ayer una charla abierta referida al amparo 225/117 que busca frenar el Proyecto del Ejecutivo que pretende vender las tierras de Campo Los Andes. La actividad contó con la presencia de la presidenta de la entidad, Brenda Junín; la abogada Marisa Uceda, y el agrimensor Eduardo Femenía.

Tras conocerse la publicación del decreto 225/117 impulsado por el presidente Mauricio Macri, desde la fundación Pedemonte se comenzó a trabajar en una estrategia que permita detener la enajenación de las tierras ubicadas en el Valle de Uco, ya que según los argumentos de los especialistas, se trata de una zona de gran valor patrimonial, natural e histórico.

La iniciativa del ejecutivo nacional de vender las denominadas “joyas de la abuela”, provocó que Pedemonte presentara un amparo el 26 de abril. Sin embargo, según afirmó Junín, los juzgados federales “aún no se han pronunciado y la única respuesta que obtuvimos fue el silencio”.

Por otra parte, Junín explicó que se plantearon los términos del amparo, y para nosotros los terrenos son un bien de dominio público, y “el Ejecutivo lo ha tratado como un bien de dominio privado”.

“El punto es que un bien de dominio público es inalienable, y además, en este caso se trata de un territorio afectado a la defensa nacional, es decir, que pertenece a todos los argentinos”, amplió la presidenta de Pedemonte.

Sobre el amparo al decreto 225/117, Junín destacó que los ejes son la importancia del recurso hídrico, ya que se basa en la defensa del Río Tunuyán, una de las más importantes de la Argentina, y sobre todo del Valle de Uco. Además, la presidenta de la entidad destacó la relevancia de la ubicación estratégica de los terrenos respecto de la defensa nacional por pertenecer al ejército, y el valor histórico que representa para el país.

Para los especialistas, la venta de las tierras que pretende realizar el Ejecutivo es inconstitucional porque se arroga funciones que solo le competen al Congreso de la Nación, y que no cumple con otras leyes nacionales, como la zona de seguridad y la zona de frontera. A su vez, no respeta la normativa catastral y dominial que cualquier inmueble requiere para ser vendido, más grave aún si se considera que es un buen de uso público.

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